Respuestas a las diferencias sociales y culturales

El hecho de vivir en sociedad hace indispensable que cada uno se obligue a observar una cierta línea de conducta para con los demás. Esta conducta consiste en no perjudicar los intereses de otro; o más bien ciertos intereses, los cuales, por expresa declaración legal o por tácito entendimiento, deben ser considerados como derechos.

John Stuart Mill, Sobre la libertad

1. Los retos de la igualdad

En nuestras sociedades occidentales, la igualdad de derechos y de oportunidades es un concepto clave. Sin embargo, a pesar de los avances conseguidos, aún hoy muchos colectivos reclaman para sí igualdad de derechos. Reconocerlos es avanzar hacia la igualdad real de la sociedad desde actitudes de comprensión y de tolerancia, que incluyan a todo en un gran proyecto común.

Los retos que se esperan alcanzar en este sentido son:

• La igualdad económica y social: Todos los miembros de la sociedad deben tener las mismas oportunidades para su desarrollo personal. Para garantizar esta igualdad es importante contar con una red de servicios públicos de educación y de ayuda social. La escuela permite compensar las desigualdades de origen, presentes en las familias y en el entorno social.
• La igualdad política y jurídica: Todos los miembros de la sociedad deben tener garantizados el cumplimiento de todos los derechos reconocidos. Todas las personas son iguales ante la ley, deben contar con protección jurídica y no pueden ser objeto de maltrato.

2. La solidaridad
Otra forma de mitigar las desigualdades existentes es por medio de la solidaridad. Ésta supone la actitud responsable y de ayuda hacia los miembros de la sociedad que no se encuentran en situación de igualdad.
Algunas personas piensan que el Estado debe limitarse a actuar como árbitro y garantizar el orden público. Sin embargo, también tiene la obligación moral de atender a las ciudadanos que viven en condiciones desfavorables, con el objetivo de lograr una sociedad más justa.
Para ello, necesita contar con los recursos suficientes para sufragar el coste de la solidaridad. Estos recursos los obtiene mediante los diferentes impuestos, tasas y gravámenes que pagan los ciudadanos. El fraude fiscal es, por tanto, un acto insolidario, pues niega el carácter asistencial del Estado social y democrático de derecho.

Según el diccionario, defraudar es privar a alguien, con abuso de su confianza o con infidelidad a las obligaciones propias, de lo que le toca por derecho. También, en segunda acepción, significa eludir o burlar el pago de los impuestos o contribuciones.
El fraude fiscal afecta a los recursos de la hacienda pública y genera otros efectos económicos negativos, ya que las empresas y las personas fiscalmente cumplidoras deben enfrentarse a la competencia desleal de las incumplidoras o pagar más impuestos de los que debieran.